SANTO DOMINGO.-Tras 20 años de la primera propuesta del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios en la Cámara de Diputados, hasta la fecha aún sigue como una iniciativa, reintroducida por el diputado Alfredo Pacheco el 21 de agosto del año pasado. 

En la actualidad todavía los legisladores no han logrado un consenso que determine el equilibrio de los derechos y deberes de los dos lados involucrados: el inquilino y los propietarios. 

En ese sentido el diputado Luis Henríquez considera que este proyecto es muy importante para adecuar a los tiempos actuales las condiciones y acuerdos entre inquilinos y propietarios en lo que tiene que ver con alquileres de propiedades. 

“El Congreso Nacional se ha apoderado del proyecto en dos ocasiones con la creación de comisiones, pero la última decisión que se tomó fue designar una nueva comisión que está trabajando ya en retomar el proyecto y presentar un informe”, comentó el legislador a El Inmobiliario.

El diputado destacó que esa nueva comisión deberá presentar su estudio en esta o en la próxima legislatura. 

“Esta pieza legislativa es esencial para fortalecer el derecho a la propiedad y crear las condiciones para que la gente pueda acceder a viviendas seguras a buen precio”, precisó. 

Además, permite que los propietarios puedan contar con una ley al momento de que tengan un problema legal. 

¿Cuáles han sido los inconvenientes? 

 La mayoría de los legisladores coinciden en que este proyecto de ley es de suma importancia para el sector de alquileres de viviendas e inmuebles, a pesar de esto aún no logran ponerse de acuerdo para que finalmente sea aprobado. 

Uno de los inconvenientes suscitado es la objeción de parte de algunos sectores involucrados, entre ellas la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acroprovi), de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros. 

Sectores que sugieren que al proyecto de ley se le deben hacer algunas modificaciones para fortalecerla y lograr un instrumento más equitativo y transparente, que dinamice las inversiones inmobiliarias y la economía. 

Consideran que el proyecto establecería un equilibrio entre los derechos de los propietarios y de los inquilinos. 

Asimismo, unos defienden que sea el Banco Agrícola que continúe recibiendo los depósitos de los contratos de alquileres, mientras que otros sugieren que sea el Banco de Reservas. 

De igual modo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) entiendía que el proyecto de ley debía ser mejorado porque establecía protocolos burocráticos que afectaría al sector productivo y perjudicaría la inversión. 

¿Que plantea el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios? 

 Uno de los puntos que plantea el proyecto es que el inquilino solo pague el depósito de un mes, depositado en el Banco de Reservas en vez del Banco Agrícola, entidad encargada actualmente. 

Además la iniciativa prohíbe discriminaciones por tener niños, ser extranjero, pertenecer a una etnia, sexo, credo, condición social u otras causas (artículo 31) y propone que los conflictos por el depósito sean resueltos en primera instancia en los juzgados de paz de la jurisdicción a la que corresponda el inmueble (artículo 22). 

Asimismo, la ley quiere tomar en cuenta los alquileres comerciales para que el proyecto sea más abarcador. 

¿Qué permitiría esta nueva ley de aprobarse? 

Una de las pesadillas para cualquier propietario actualmente es encontrar un inquilino que no pague, pero tampoco decida abandonar la vivienda por cuenta propia, en algunos casos los litigios para lograr desalojarlos tardan años. 

Sobre ese aspecto el nuevo proyecto de ley propone crear una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo máximo de dos meses. 

Por otro lado, algunos inquilinos a su vez se quejan de que tienen que tener hasta cuatro depósitos para poder alquilar una vivienda, por lo que la ley propone que solo sea uno. 

Se suponía que este proyecto fuera aprobado antes de finalizar el mes enero del presente año, 2024.